CONSULENDI

PROPUESTA DE ANTIDOPING ESCOLAR, LESIONARÁ DIGNIDAD DE ALUMNOS. 

Hace algunos días nos enteramos que existe una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado de México, presentada por una diputada de nombre Yesica Y. Rojas Hernández. Dicha iniciativa tiene como punto medular que sea exigible un examen antidoping a alumnos de nuevo ingreso desde secundaria hasta la universidad. Dicha iniciativa asegura que no tiene la finalidad de negar el acceso a la educación. Pero permítame analizar algunos supuestos de la innovadora, progresista y genial iniciativa:

1.- La exigencia de un examen de esta naturaleza puede interpretarse como una medida discriminatoria o estigmatizante si en su desarrollo no se cuida la confidencialidad ni se respeta la dignidad de los estudiantes. Como consecuencia se violaría el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales, especialmente tratándose de estudiantes de secundaria, o del consentimiento informado de los padres o tutores de los menores y de los estudiantes mayores de edad.

2.- En el caso de los alumnos de secundaria debe prevalecer el principio del interés superior de la niñez, pero tendría una presencia latente su revictimización o estigmatización.

3.- La propuesta la presenta con la intención de la prevención y atención, pero para mitigar la crítica, la enmarca como una acción de responsabilidad social del Estado en materia de salud.

4.- La instrumentación masiva de estas pruebas antidoping requerirá de un financiamiento significativo, la infraestructura y personal especializado (médicos, psicólogos, trabajadores sociales) para la aplicación, análisis y, fundamentalmente, la canalización y tratamiento en caso de que haya resultados que den positivos; si se ejecuta rigurosa y confidencialmente, podría tener un efecto disuasivo. No obstante, esto implica contratar laboratorios certificados, garantizar la custodia de las muestras y asegurar la uniformidad en los tipos de pruebas como de orina, saliva y cabello.

5.- El mayor desafío es blindar legalmente que el resultado nunca pueda ser usado para fines punitivos o académicos tales como bajas, amonestaciones, reportes a otras instancias, sino exclusivamente para la canalización a tratamiento, como lo establece el espíritu de la propuesta.

6.- Si los resultados son positivos, son datos sensibles que, si se filtran a personal no médico (docentes, directivos, compañeros) pueden generar acoso escolar o social.

7.- Es fundamental explorar estos precedentes, ya que la propuesta de la diputada Rojas se mueve en una zona de alta sensibilidad jurídica que involucra el choque entre la salud pública y derechos fundamentales.

8.- Inclusive, dicha iniciativa tendría también que ser analizada y considerada a la luz de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, para asegurar su legalidad y constitucionalidad.

Existen criterios y precedentes relevantes, aunque la mayoría de los casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se enfocan en contextos distintos al educativo, como el laboral o el deportivo. Sin embargo, los principios aplicados son directamente transferibles. La SCJN no ha emitido tesis jurisprudenciales directas sobre el antidoping obligatorio en escuelas como requisito de ingreso, pero ha sentado bases importantes en la ponderación de derechos. Aunque no es un precedente escolar, la Corte ha sostenido que las pruebas toxicológicas que tienen consecuencias punitivas deben respetar el derecho de audiencia y la posibilidad de desvirtuar el resultado, pues este no es absoluto.

En el contexto escolar, la propuesta debe demostrar que el examen obligatorio es el mecanismo menos lesivo para el estudiante, ya que el Interés Superior de la Niñez exige que cualquier injerencia en su vida privada tenga el menor impacto negativo posible.

DOMINIQUE PRADALIÉ Y FERNANDO OLIVAS UNIDOS CONTRA LA VIOLENCIA.  

Fernando Olivas Ortiz, secretario general del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) de México, asistió al Congreso de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FePALC), celebrado del 23 al 25 de octubre pasado, en el Palacio Legislativo de Montevideo, Uruguay. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) es la organización de periodistas más grande del mundo ya que agremia a 600 mil colegas de los cinco continentes, en tanto que la FePALC agrupa a 70 mil periodistas de 14 países: Chile, Brasil, Colombia y Perú, entre otros. Ante Dominique Pradalié, Presidenta internacional de la FIP, Olivas denunció la violencia contra los periodistas en México, haciendo énfasis en que nuestro país sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, al tiempo que pidió mayor protección y garantías para los comunicadores, especialmente en contextos de impunidad. La participación del SNRP en un foro internacional como FePALC refuerza el papel de los sindicatos mexicanos como actores políticos transnacionales. Dominique Pradalié hizo un llamado para que México y Uruguay, a través de los respectivos titulares de sus poderes ejecutivos lideren una convención contra la impunidad en crímenes contra periodistas, y a nombre de la FIP propuso la adopción de una Convención Internacional contra la Impunidad de los Asesinatos de Periodistas, para que, como consecuencia, los Estados miembros de la ONU la aprueben e implemente en el ámbito internacional, por encontrarse estrechamente vinculado al derecho a la libertad de expresión, consagrado en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cabe destacar que el SNRP está por cumplir, el próximo 23 de enero, 103 años de existencia legalmente reconocida ante las autoridades laborales mexicanas.